@Noudiari / Débora, Oliver y su hija de dos años, Noah, se van a la calle, aunque la orden de desahucio, que tenía que haber sido ejecutada este viernes, se aplaza hasta el próximo 15 de junio, mientras estudian la posibilidad de presentar una demanda “por negligencia” y se ven obligados a abandonar la isla por los precios abusivos de los alquileres.
Oliver, Débora y Noah, en la vivienda de la que serán desahuciados en es Canar.
“Nos echan con una mano delante y otra detrás, porque no podemos recurrir ni defendernos de ninguna manera”, asegura Débora que, junto con su pareja y su pequeña, vivían en un piso de alquiler en es Canar desde febrero de 2015 y ahora se ven obligados a abandonar la casa por lo que consideran “mala fe” de la propietaria y un error informático del juzgado.
“Nos pusieron el caramelo en la boca, porque pagábamos 500 euros al mes y el piso la verdad es que estaba bien, aunque en ningún momento nos entregaron el contrato de alquiler. Después, averiguamos que era ilegal, porque no tiene cédula de habitabilidad y está declarada como trastero. Sin embargo, por denunciar esta situación, nos encontramos en la calle”, añade la mujer, que considera que el suyo no es un caso aislado y que la propietaria “tiene al menos seis viviendas más que son ilegales y, por lo que sabemos, estaría defraudando a Hacienda una cantidad que puede rondar los 15.000 euros al año”.
“Nosotros denunciamos que nos estaba estafando y que la casera ha incurrido en al menos dos delitos, por cortes de suministro de luz y agua y por coacciones. No obstante, estamos en una situación de desamparo total porque, además de echarnos de la casa, puede caernos las obras que ella quiera acreditar y, al margen de tener que pagar las costas del juicio, nos reclama un año de alquiler, cuando nunca hemos dejado de abonar cantidad alguna”, señala Débora.
El calvario de la joven pareja, que se encuentran en paro y sólo reciben alguna ayuda, se agravó por una avería en el sistema informático del juzgado del pasado 2 de mayo. “Eso hizo que a la procuradora no le llegase ninguna notificación, a pesar de que el juzgado entiende que sí había sido enviada, por lo que recibimos la orden de desahucio este mismo miércoles y apenas nos quedaban 24 horas para recoger las cosas, aunque ahora se ha aplazado el lanzamiento hasta el próximo 15 de junio. Estamos estudiando adoptar medidas legales contra la procuradora por negligencia, porque no se ocupó de nuestro caso en todo ese tiempo como era su obligación y el plazo para presentar alegaciones había pasado”, comenta.
Su situación es desesperada, sobre todo porque nada puede evitar el desahucio dentro de dos semanas, aunque su intención es dejar constancia de su denuncia. “Ahora lo único que queremos es que a gente así se les pare los pies, porque están haciendo mucho daño a la gente humilde y que se encuentra en situación de indefensión”, añade Débora.